Reforma a la Ley Antilavado en México 2026

El 16 de julio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado. Este cambio es importante porque establece nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero en México, y afecta directamente a inmobiliarias, desarrolladores, notarios, inversionistas y compradores. Nuestro objetivo en Plalla Real Estate es ayudarte a entender, de manera sencilla, qué significa esta reforma y cómo impacta en el proceso de compra de una propiedad.

 

 

¿QUÉ ES LA LEY ANTILAVADO (LFPIORPI)?

 

La Ley Antilavado, oficialmente llamada LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita), es una norma mexicana que busca evitar que el dinero de origen ilícito se utilice en actividades económicas formales. Su objetivo principal es proteger al sistema financiero y a sectores estratégicos como el inmobiliario, el notarial y el de activos virtuales.

 

La ley establece un listado de actividades vulnerables, es decir, operaciones que por su naturaleza pueden ser usadas para lavar dinero. Entre ellas se encuentran la compra y venta de bienes inmuebles, la constitución de fideicomisos, el manejo de grandes cantidades de efectivo, las operaciones con criptomonedas y el trabajo de notarios y corredores públicos.

 

En el sector inmobiliario, esta ley es especialmente relevante porque comprar o vender propiedades es una de las formas más comunes de mover grandes sumas de dinero. Por eso, tanto las inmobiliarias y desarrolladores como los compradores e inversionistas deben cumplir con ciertas reglas de identificación, reportes y documentación para garantizar operaciones seguras y en línea con la ley.

 

 

PRINCIPALES CAMBIOS DE LA REFORMA 2026

 

La nueva reforma a la Ley Antilavado introduce cambios que buscan hacer más claro quién participa en cada operación y cómo se debe dar seguimiento al dinero. Estos son los conceptos clave que ahora forman parte de la ley y que impactan directamente al sector inmobiliario:

Incorporación de nuevos conceptos

 

• Beneficiario Controlador: ahora es obligatorio identificar a la persona que realmente controla la operación, aunque no aparezca directamente en los contratos. Esto da mayor certeza a compradores e inversionistas.
• Personas Políticamente Expuestas (PEP): son funcionarios públicos o exfuncionarios, así como sus familiares. Sus operaciones deben revisarse con mayor detalle para evitar riesgos.
• Representante Encargado de Cumplimiento: cada empresa o desarrollo debe tener a un responsable que vigile el cumplimiento de la ley y reciba capacitación constante.
• Riesgo: se introduce la obligación de medir y evaluar el riesgo de cada cliente u operación, con controles más estrictos en casos de mayor exposición.
• Desarrollo inmobiliario: por primera vez, los proyectos de construcción y venta de lotes entran formalmente como “actividad vulnerable”, lo que implica mayores obligaciones de identificación y reportes.

 

Ajuste de umbrales de aviso

 

La reforma también modifica los montos a partir de los cuales ciertas operaciones deben reportarse a la autoridad. Esto significa que actividades que antes no requerían aviso, ahora sí deberán hacerlo en caso de superar los nuevos límites:

 

• Tarjetas prepagadas e instrumentos de valor: se reducen los montos a partir de los cuales se debe identificar y avisar sobre operaciones, incluyendo recargas o abonos de recursos.
• Notarios y corredores públicos: ahora tienen que dar aviso con un umbral más bajo en operaciones relacionadas con transmisión de inmuebles o fideicomisos.
• Activos virtuales (incluyendo operaciones desde el extranjero): las transacciones con criptomonedas realizadas por mexicanos fuera del país también deben notificarse si superan los límites establecidos.
• Fideicomisos: se ajustan los montos de aviso para la constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía.
• Juegos con apuestas, sorteos y concursos: se amplía el alcance de las actividades que requieren reporte, incluyendo aquellas realizadas bajo nuevas autorizaciones.

 

Expansión de actividades vulnerables

 

Uno de los cambios más relevantes es que ahora más actividades económicas se consideran vulnerables frente al lavado de dinero. En el sector inmobiliario y financiero, esto implica mayor responsabilidad en las operaciones:

 

• Desarrollos inmobiliarios: la recepción de recursos para proyectos de construcción o lotes destinados a venta o renta queda clasificada como actividad vulnerable.
• Activos virtuales (cripto): las operaciones con criptomonedas entran formalmente en la ley, lo que implica controles adicionales de identificación y reporte.
• Notarios y corredores: aunque ya estaban regulados, se amplían los supuestos en los que deben reportar operaciones, especialmente en transmisiones de propiedad y constitución de fideicomisos.

 

Identificación y conservación de registros

 

La reforma refuerza la obligación de conocer a detalle a quienes participan en las operaciones. Esto busca dar mayor transparencia y seguridad al mercado:

 

• Beneficiario Controlador: se debe identificar y registrar a la persona que realmente controla o se beneficia de la operación, aun cuando no aparezca directamente en los contratos.
• Conservación de información: toda la documentación relacionada debe resguardarse por un periodo de 10 años, duplicando el plazo anterior de 5 años.

 

Sistemas automatizados y monitoreo

 

Las empresas que realizan actividades vulnerables deben modernizar sus procesos internos para detectar operaciones sospechosas:

 

• Controles internos: implementación de herramientas para monitorear operaciones en tiempo real.
• Perfiles de riesgo: creación de perfiles transaccionales de clientes y seguimiento reforzado a aquellos considerados de alto riesgo.

 

Enfoque basado en riesgos (EBR)

 

Se introduce un modelo de cumplimiento más flexible pero exigente: cada empresa debe medir los riesgos de sus operaciones y clientes para aplicar medidas proporcionales.

 

• Evaluación de riesgos: análisis de cada operación y cliente para determinar el nivel de exposición.
• Políticas internas: obligación de contar con manuales y procedimientos claros que guíen la detección y reporte de operaciones inusuales.

 

Auditorías internas y externas

 

La reforma también establece revisiones periódicas para verificar que las empresas cumplen con la Ley Antilavado:

 

• Revisión anual: toda empresa que realice actividades vulnerables debe someterse a una auditoría interna cada año.
• Auditorías externas: en casos de alto riesgo, la revisión debe ser realizada por un auditor externo independiente, garantizando imparcialidad y confianza.

 

Capacitación obligatoria

 

La reforma establece que las empresas deben fortalecer el conocimiento de quienes supervisan el cumplimiento de la ley:

 

• Representante Encargado de Cumplimiento: la persona designada como responsable debe recibir formación especializada para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones antilavado.
• Programas de capacitación anual: todo el personal involucrado en actividades vulnerables debe capacitarse cada año en prevención de lavado de dinero y manejo de riesgos.

 

Registro del Beneficiario Controlador

 

Se refuerzan los controles para identificar quién controla realmente a una empresa o sociedad mercantil:

 

• Sociedades mercantiles: están obligadas a registrar ante la Secretaría de Economía la información completa del Beneficiario Controlador.
• Nuevos artículos 33 Bis, Ter y Quáter: establecen la obligación de mantener actualizados estos registros y atender cualquier requerimiento de las autoridades.

 

Fortalecimiento de sanciones

 

La Ley Antilavado ahora contempla sanciones más severas para quienes incumplan con sus obligaciones:

 

• Revocación de permisos: las autoridades podrán cancelar permisos o autorizaciones a quienes incumplan reiteradamente.
• Participación de la UIF: la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá un papel más activo en las investigaciones y podrá actuar como víctima u ofendida en los procesos.
• Corrección voluntaria: en caso de una primera infracción, si la empresa corrige de forma espontánea, la sanción puede no aplicarse o reducirse hasta un 50%.

 

Prohibición del uso de efectivo

 

La reforma aclara y endurece la prohibición de realizar ciertas operaciones con dinero en efectivo:

 

• Alcance de la prohibición: se prohíbe liquidar obligaciones con efectivo (pesos, divisas o metales preciosos), incluso si se hace a través de una institución financiera.
• Nuevos supuestos con base en UMA: los montos máximos permitidos ahora se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que da mayor precisión en la aplicación de los límites.

IMPACTO DE LA REFORMA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

 

La reforma a la Ley Antilavado 2026 tiene un efecto directo en el sector inmobiliario, ya que ahora las operaciones de compraventa y los desarrollos se consideran actividades especialmente vigiladas. Esto significa que quienes participan en el mercado —desarrolladores, notarios, compradores e inversionistas— deben cumplir con nuevas reglas de transparencia.

 

Desarrolladores inmobiliarios

 

Los proyectos de construcción y fraccionamiento de lotes destinados a la venta o renta se consideran actividades vulnerables. Esto obliga a los desarrolladores a identificar a cada cliente, registrar operaciones y contar con controles internos para reportar a las autoridades cuando los montos superen los umbrales establecidos.

 

Notarios y corredores públicos

 

Los notarios y corredores tienen ahora umbrales de aviso más bajos en operaciones como transmisiones de propiedad y fideicomisos. Esto significa que más transacciones deberán reportarse formalmente, fortaleciendo la trazabilidad y reduciendo riesgos de operaciones irregulares.

 

Compradores e inversionistas extranjeros (fideicomisos)

 

Los inversionistas extranjeros que adquieran propiedades en la llamada zona restringida (cercana a costas o fronteras) deben hacerlo mediante un fideicomiso. Con la reforma, se endurecen los requisitos de identificación y registro del Beneficiario Controlador, lo que aporta mayor certeza legal, pero también exige más documentación y cumplimiento por parte del comprador.

 

 

PASOS PRÁCTICOS PARA CUMPLIR CON LA LEY

 

Para que desarrolladores, inmobiliarias, notarios e inversionistas cumplan con la Ley Antilavado 2026, es fundamental aplicar medidas simples pero efectivas. Estos son los pasos clave:

 

Identificación de clientes y beneficiarios

 

Conocer de manera directa a cada cliente y registrar al Beneficiario Controlador de la operación es obligatorio. Esto incluye recopilar documentación oficial y mantenerla actualizada.

 

Implementación de controles internos

 

Las empresas deben contar con procesos claros que les permitan revisar operaciones y detectar movimientos inusuales. Esto ayuda a prevenir riesgos y evita sanciones.

 

Uso de sistemas automatizados

 

Los sistemas digitales facilitan el monitoreo de transacciones, el análisis de perfiles de riesgo y el envío de reportes a las autoridades. Además, permiten mayor transparencia en cada operación.

 

Capacitación y políticas internas

 

Los equipos de ventas, legales y administrativos deben recibir capacitación anual en prevención de lavado de dinero. También es obligatorio contar con manuales internos que guíen cómo actuar en cada caso.

 

Auditorías periódicas

 

Las auditorías internas y externas son esenciales para verificar que la empresa cumple con sus obligaciones. En casos de mayor riesgo, las revisiones deben realizarse con auditores independientes para dar mayor certeza.

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA LEY ANTILAVADO 2026

 

¿Cuándo entra en vigor la reforma?

La reforma fue publicada el 16 de julio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente. Sin embargo, algunos plazos específicos serán definidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT mediante reglas de carácter general.

 

¿Qué sanciones aplican a las inmobiliarias?

Las sanciones pueden ir desde multas económicas y la revocación de permisos, hasta la suspensión de actividades en casos graves. La reforma también contempla beneficios de corrección voluntaria, lo que permite evitar sanciones si se subsana la falta de manera inmediata.

 

¿Qué pasa si no registro al beneficiario controlador?

No registrar o actualizar la información del Beneficiario Controlador puede resultar en multas elevadas y la imposibilidad de realizar trámites legales o financieros. Además, las sociedades mercantiles están obligadas a proporcionar esta información en el sistema de la Secretaría de Economía.

 

¿Los compradores de vivienda también deben cumplir?

En la mayoría de los casos, los compradores cumplen de manera indirecta, ya que la inmobiliaria, el desarrollador o el notario son quienes solicitan la información y reportan la operación. Sin embargo, es importante estar preparado con identificación oficial, comprobantes y documentos de origen de los recursos.

 

¿Qué implicaciones tiene para criptomonedas y activos virtuales?

Las operaciones con activos virtuales ahora están reguladas, incluso si se realizan desde el extranjero por ciudadanos mexicanos. Esto significa que se deben identificar a las partes involucradas y reportar las transacciones que superen los umbrales establecidos en la ley.

 

¿Qué obligaciones tienen los notarios y corredores públicos?

Los notarios y corredores deben reportar operaciones con montos más bajos que antes, especialmente en transmisiones de propiedad y constitución de fideicomisos. Esto refuerza la trazabilidad de las operaciones inmobiliarias.

 

¿Está prohibido pagar en efectivo una propiedad?

Sí. La ley prohíbe liquidar ciertas operaciones con efectivo, incluso si se hace a través de instituciones financieras. Los montos permitidos se calculan ahora con base en la UMA, y rebasarlos puede traer sanciones severas.

 

¿Cómo afecta a los inversionistas extranjeros?

Los inversionistas extranjeros deben seguir utilizando el fideicomiso para comprar propiedades en la zona restringida (playas y fronteras). Con la reforma, los requisitos de identificación son más estrictos, lo que garantiza mayor certeza legal, pero también implica entregar más documentación.

 

 

CONCLUSIÓN Y ASESORÍA ESPECIALIZADA

 

La Reforma a la Ley Antilavado 2026 marca un antes y un después en la forma en que se realizan las operaciones inmobiliarias en México. Aunque puede parecer un tema complejo, en realidad representa una oportunidad: ahora las transacciones son más seguras, transparentes y con mayor certeza legal tanto para desarrolladores como para compradores e inversionistas.

 

En Plalla Real Estate entendemos que adquirir una propiedad es una de las decisiones más importantes en la vida. Por eso, nuestro equipo de asesores te acompaña en cada paso del proceso para que tu inversión se realice en pleno cumplimiento de la ley, sin riesgos y con total confianza.

 

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